Quito, 25 de noviembre de 2015

Memorias No. 001

 
La primera jornada de conferencias sobre el análisis del Código Ingenios y políticas públicas de Propiedad Intelectual fue abordada sobre la educación, la cultura y el conocimiento.

Sociedad civil, profesionales del ejercicio jurídico y funcionarios públicos invitados, conformaron el auditorio que presenció la primera jornada de conferencias de expertos nacionales e internacionales de destacada trayectoria, quienes luego de sus intervenciones resolvieron las inquietudes del público y aclararon conceptos sobre cada temática expuesta.

Políticas públicas y propiedad intelectual: introducción, interés público, el ciclo de la política pública.

Valentina Delich, Investigadora Senior de Flacso – Argentina, abrió la jornada con la temática que generó expectativa en los asistentes. Durante su intervención, destacó que el objetivo de la Propiedad Intelectual en sus inicios fue la promoción de las artes y la ciencia, pero que el interés público demanda mayores resultados, como por ejemplo, en la rama de la salud donde la propiedad intelectual es un instrumento regulatorio y por ende requiere de una normalización.

Así también, Delich afirmó que la propiedad intelectual incentiva la creación en la rama de la cultura pues impulsa la diversidad cultural, y que uno de los espacios donde se preserva y difunde el patrimonio son las bibliotecas en donde además, según la experta, se debería cumplir con una regulación.

Expuso lo logrado en las relaciones asimétricas, como uno de los cambios que ha tenido la propiedad intelectual. Planteó a los Estados, como el ‘bróker’ que hace las negociaciones mediante las políticas públicas dentro del territorio, pero que en el ámbito internacional aún es inexistente. Sin embargo, enfatizó en que América Latina actualmente está en este momento, en un espacio heterogéneo en materia de propiedad intelectual buscando realizar una normativa. En este punto, destacó el caso de Ecuador con una acertada propuesta: el Código Ingenios.

“Sería importante hacer un balance de las iniciativas que tenemos y presentarlas, por ejemplo, a nivel UNASUR, y así llegaríamos a más entes internacionales y cambiarían los escenarios”, finalizó Delich.

Políticas públicas, propiedad intelectual y educación: los proyectos de acceso abierto, conocimiento libre, las bibliotecas, archivos y museos.

Sara Bolaños, Directora Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, explicó sobre el ‘Sistema ecuatoriano’ de bibliotecas que busca fomentar y construir la sociedad del Buen Vivir y del Buen Conocer en conjunción de varios espacios.

“Esperamos que para el año 2017, todas las bibliotecas a nivel nacional estén articuladas”, enfatizó Bolaños, e hizo referencia a los espacios que estarán comprendidas, como la Casa de la Cultura; escuelas; universidades; las bibliotecas municipales; y, el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio.

El Sistema plantea que las bibliotecas deben estar fortalecidas, actualizadas, y con tecnología, para la promoción de la lectura y el acceso a la información, además de la profesionalizar el trabajo de bibliotecarios.

Bolaños afirmó que se debe romper con las limitaciones y excepciones de la propiedad intelectual, para ir a normas jurídicas que permitan el tránsito del conocimiento, sobre lo que agregó se garantizará una producción diversa. Citó el ejemplo de la propuesta vigente por parte de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, en español), en donde se propone permitir la reproducción de la información que contienen las bibliotecas y cuyos fines son educativos y de investigación, e incluso sobre los usos transfronterizos.

La experta concluyó su análisis en una frase: “A más circulación, acceso y contenidos, todos ganamos”.

Por su parte, Rafael Ferraz, Consultor de la División de Derechos de Autor de la OMPI, centró su ponencia en el acceso abierto a la información en los museos. Dijo que los museos protegen los objetos como fotografías, cuadros y grabaciones sonoras; y, sobre su roll mencionó que es el gerente, encargado de preservar las obras en su colección, que además según el experto, a la vez es coleccionista.

Ferraz reiteró que las colecciones de los museos son por lo general únicas, que suelen estar en un acceso físico limitado. Sobre esto refirió que los museos poseen el ejemplar, pero que no necesariamente son los titulares, pues reciben donaciones o compran el objeto físico, y fue enfático en destacar que no son poseedores de la propiedad intelectual. Destacó que de allí está la importancia de contar con un acceso restricto que proteja la integridad de las obras, su fuente de financiación (exposiciones), y que se preocupe del reconocimiento de las obras y colecciones.

Por otra parte, hizo alusión al acceso libre a este tipo de informaciones. Mencionó que si un país toma la decisión de implementar una ley de propiedad intelectual para este sector, pero posterior a la creación del museo, éste tomará como disponible para sí los derechos de las obras.

Finalmente, sobre las iniciativas para el acceso a los museos on-line y que llegan a ser de dominio público, recalcó que no todos estos espacios virtuales tienen los derechos de las obras. Ferraz mencionó a la audiencia que el buscador mundial Google emprendió un proyecto pero que en ocasiones presentaba obras a la mitad, sobre lo que aseguró se está discutiendo si hay la necesidad de un tratado internacional para limitaciones y excepción de este tipo de presentación de obras en los museos.

Gestión de los derechos de propiedad intelectual de titularidad del Estado en favor del acceso al conocimiento.

Ramiro Rodríguez, Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI sostuvo una destacada interacción con los asistentes, durante su exposición sobre la gestión de los derechos de la propiedad intelectual. La temática despertó la atención de algunos de los presentes que han seguido de cerca las propuestas del Estado ecuatoriano en torno a la inversión extranjera.

Sobre la Ley de Propiedad Intelectual vigente, el experto manifestó que es aún aislada y no un engranaje de un gran sistema, como la que propone el proyecto de Ley ‘Código Ingenios’. “La nueva legislación en Ingenios promueve una moderna visión holística e integral” argumentó.

Asimismo, destacó que los planteamientos del Código en materia de propiedad intelectual promueve la generación de capacidades sociales para la creación, la innovación y la creatividad basadas en el fomento al talento humano.

Al concluir su ponencia, el experto afirmó que la nueva propuesta de Ley es el resultado de leyes tipo que apunta a incentivar la inversión extranjera, que la Ley vigente no ha alcanzado. Sobre este punto, argumentó que el Código Ingenios busca democratizar la generación, transmisión, gestión y aprovechamiento del conocimiento, que aportará al cambio de la matriz productiva de los países en desarrollo.

Políticas públicas, propiedad intelectual y cultura: derecho de los creadores.

Santiago Cevallos Mena, Asesor de la Senescyt, empezó su ponencia definiendo el concepto de la política pública y a que sectores afecta. En este contexto, manifestó que las políticas públicas de propiedad intelectual son directrices del Gobierno para resolver conflictos de PI, que deben engranarse para tener una normativa que regularice tanto los derechos de los creadores como de los usuarios.

Propuso como ejemplo el problema del cine en el Ecuador, que antes de contar con su respectiva legislación “se hallaba a la deriva”, pero que desde la creación del Instituto Nacional de Cine y de la Ley de Cine se evidencia el desarrollo del sector.

En cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual vigente desde 1998, enfatizó que no ha tenido aporte a beneficio de los creadores. Frente a lo que argumentó, que la nueva normativa propuesta en el Código Ingenios permite la cohesión en varios sectores del arte y la cultura, con leyes para todos y fabricadas por todos. Agregó además, que de esta forma se logrará el equilibrio que fomente a las industrias culturales como un bien de exportación.

“La cultura es el modo de vida de la gente, sobre sus costumbres, conocimientos y obras artísticas” puntualizó Cevallos. Así como también, añadió que la cultura no ha sido tomada en cuenta como motor del desarrollo económico del país. Según el experto, la industrias cultural en el Ecuador no han despegado por “falta de reglas de juego claras”, como lo refiere. Fue enfático en citar que en otros países han  despuntando tanto que compiten sobre los productos tradicionales de exportación.

Finalmente, manifestó que la propiedad intelectual es una herramienta, y no un fin, y que es necesaria una normativa que vaya acorde con la legislación internacional, pero adecuada a nuestras realidades y necesidades. Agregó que debe existir una supervisión del Estado para la ordenada gestión tanto de los derechos de los creadores, como de los usuarios. “La cultura requiere de sistemas coordinados y ser reconocida con una normativa equilibrada», concluyó el experto.

Políticas públicas, propiedad intelectual y cultura: tratados internacionales sobre derechos de autor y políticas culturales.

Rafael Ferraz, Consultor de la División de Derechos de Autor de la OMPI, abordó sobre una nueva temática que finalizó con la jornada del primer día de conferencias. En esta intervención, realizó un repaso histórico de los tratados internacionales en cuanto al Derecho de Autor. Sobre el Tratado de Berna, suscrito en 1886, manifestó que reconoce los Derechos Patrimoniales y los Derechos Morales de las obras, así como también, establece limitaciones y excepciones a través de la ‘Regla de los Tres Pasos’, que faculta a las legislaciones de los países miembros la reproducción de las obras en determinados casos especiales, toda vez que esa reproducción no atente la explotación normal de la obra, ni cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos.

Continuó este repaso, con la Convención de Roma que protege  fonogramas y obras audiovisuales tanto a interpretes, ejecutantes, productores, organismos de radiodifusión. Mencionó que este tratado tiene un nivel de protección limitado por 20 años, y que no reconoce los derechos morales y limitaciones y excepciones aplicables al derecho de autor.

Sobre el Tratado de Beijing, el experto mencionó que protege a los intérpretes y ejecutantes de productos audiovisuales, así como también, confiere a los artistas cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Destacó que el tratado otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos morales, es decir, el derecho a ser reconocidos como artistas intérpretes o ejecutantes (excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución); y el derecho a oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación que perjudique el honor y la reputación del autor, teniendo en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales.

Para concluir este repaso de tratados, Ferraz abordó sobre el Tratado de Marrakech que facilita el acceso a las obras publicadas a las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Comentó a los asistentes, que a este tratado hay varios países que falta por adherirse para finalmente ser ratificado, como el Ecuador, pero que se encuentra siendo evaluado para sumarse. El tratado se centra en las excepciones al derecho de autor para facilitar la creación de versiones de libros y otras obras protegidas que sean accesibles para discapacitados visuales.

Finalmente, explicó que el tratado establece una serie de normas para que los países que lo ratifiquen, implementen excepciones de este tipo en sus legislaciones locales, tanto para la creación como la importación y exportación de dichos materiales, que se sujetan a las necesidades de cada país.

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