Quito, 13 de mayo de 2016

Boletín de Prensa Nro. 055

Más de 60 representantes de Estudios Jurídicos de Quito y Guayaquil fueron parte de las siete mesas redondas, para analizar el impacto del Código INGENIOS en el régimen de marcas en Ecuador.

«Los debates del Código INGENIOS evidencian que es un cuerpo legal en constante construcción y discusión participativa», mencionó Hernán Núñez Rocha, Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), durante la apertura del encuentro de este jueves 12 de mayo, denominado ‘Mesa redonda: Impacto del Proyecto de Código Ingenios en el Régimen de marcas en el Ecuador’ organizado por el Estudio Jurídico Pérez Bustamante & Ponce (PBP), con el apoyo de la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés).

El titular del IEPI acotó que INGENIOS se ha venido discutiendo durante tres años, desde el anteproyecto. Los debates de este cuerpo legal, en materia de propiedad intelectual, ha tenido los mayores aportes en derecho de patentes, derechos de autor y la función de las sociedades de gestión colectiva.

Asimismo, detalló que más del 95% de los trámites administrativos que se registran en el IEPI corresponden a signos distintivos, por ello la importancia de realizar estos de espacios de debate para tener el aporte de la sociedad civil y de los estudios jurídicos.

El panel acompañó la intervención de Oscar Reyes, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI; de los representantes de los estudios jurídicos: Luis Marín Tobar (Pérez Bustamante & Ponce); Janet Hernández Cruz (Abreu Asociados); Sasha Mandakovic Falconi (Falconi Puig Abogados); Pedro Córdova Balda (IMB Intellectual Property); y, Gonzalo Chiriboga, representante de la empresa República del Cacao.

Luis Marín Tobar, manifestó que se requieren herramientas de medidas de frontera para evitar la falsificación de marcas. Destacó el trabajo que realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en conjunto con el IEPI para evitar la piratería, que sostuvo además se debe mantener en el nuevo Código. También mencionó que Ecuador estaría a la vanguardia si se logra tener un listado de los apoderados de marcas, que al momento de recibir mercadería pirata se puedan contactar inmediatamente y realizar el procedimiento para denunciar la falsificación.

Por su parte, Sasha Mandakovic Falconi se refirió a los procedimientos administrativos para la defensa de derechos de propiedad intelectual en casos de infracción. Propuso que dichos procesos sean alternativas a los procesos civiles y penales por infracción de derechos de propiedad intelectual, para lo cual, sugirió que la autoridad administrativa pueda realizar inspecciones forzosas; contar con depositarios de la función judicial para el almacenamiento de productos; que exista la posibilidad de impugnación de medidas cautelares en sede administrativa o judicial; que la fijación de fianza, de producirse, no sea disuasiva para los titulares de derecho; y, que se invierta la carga de la prueba en contra del infractor, cuando se trate de productos falsificados.

En referencia a la Marca País, que busca promocionar al Ecuador, no tan solo en turismo, sino cultural, biodiversidad, entre otros aspectos, Pedro Córdova Balda destacó que se debe dar la licencia de uso de la marca a quienes cumplan estándares mínimos de calidad respecto a los productos y servicios que la utilizarían. Además, precisó que es necesario establecer un procedimiento adecuado de aprobación y registro.

Francisco Pérez, socio de PBP, manifestó que este encuentro pretende ser uno de posibles próximas reuniones sobre el tema y que constituye una muestra de la posibilidad de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, sobre los temas de interés de la propiedad intelectual del país.

Luego de la intervención de los panelistas, se dio paso al desarrollo de las mesas redondas conformadas por los asistentes y un delegado del IEPI para recoger los aportes. Entre las propuestas y comentarios resultantes de las mesas, se destacaron los requisitos de solicitud de nombres comerciales; la cancelación del uso y registro de nombres comerciales; y, las herramientas de medidas de frontera para evitar la falsificación de marcas.

Con esta actividad, se pretende continuar receptando los aportes de la ciudadanía para mantener la construcción un cuerpo legal para la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, de forma colectiva, transparente y democrática.

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