Desde hace tres semanas circula en las redes el video “yo soy firme y no firmo”, como parte de la campaña promovida por la Asociación de actores y actrices ecuatorianos, UNIACTORES, en defensa de sus derechos.

En él se puede ver rostros conocidos de la televisión, afirmando su resistencia a aceptar cláusulas injustas en sus contratos de trabajo.  Y es que, históricamente, este colectivo se ha desempeñado en condiciones precarias: sin beneficios sociales ni laborales, con remuneraciones mínimas en comparación con los beneficios que obtienen las productoras, nulo cobro de regalías, y sobre todo, con una legislación caduca y con vacíos.

La campaña

En este escenario, regresa hace nueve meses al país Diego Mignone, actor de audiovisuales ecuatoriano formado  en México, Colombia y España.  Lo primero que nota al volver es que las condiciones laborales de los actores y actrices poco habían cambiado.

Decide, junto a Marysol Romero, reconocida actriz ecuatoriana, crear la sociedad de gestión UNIARTE  y la Asociación de actores audiovisuales, UNIACTORES, desde la cual lanzan la campaña.  Mignone, aclara “aquí no se trata de imponer nada, se trata de sacar consensos, se trata de que todos podamos vivir dignamente de lo que estamos haciendo”.

La legislación

Los Derechos de autor, son los que confieren a los autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras. Además, existen los derechos conexos, específicos de artistas y emisoras de radio. Sin embargo, en muchos contratos se incluye un artículo que atenta claramente estos derechos, pues compromete al actor o actriz a ceder de forma absoluta sus derechos durante 70 años y a renunciar a cualquier demanda sobre este punto.

En la actualidad, la ley de 1998 sobre el Derecho de artistas intérpretes, rige al gremio de actores y actrices, pero la SENESCYT impulsa el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento (COESC) que pretende modificar las inequidades y vacíos de la ley vigente.

Según Marysol Romero, este ha sido el primer gobierno en la historia de nuestro país que ha regulado los distintos sectores, entonces, “¿cómo nosotros, que llevamos la cultura de nuestro país afuera, no vamos a estar regulados y dignificar nuestra profesión?” se pregunta.

Otra dimensión

Esta transformación, que a simple vista parecería tratarse solo de una cuestión de derechos, tiene una magnitud mucho más profunda: la industria audiovisual en otros países genera un PIB que supera a otros rubros. Mignone plantea vincular al sector audiovisual ecuatoriano como parte del cambio de la matriz productiva.  Reflexiona que si en otros países la industria audiovisual genera un PIB incluso mayor que otros rubros, por qué no lograr lo mismo en el Ecuador. ”Nosotros queremos ser parte de este cambio de la matriz productiva que el gobierno promueve, dejando de consumir enlatados y producir en el Ecuador productos (audiovisuales) de exportación.  Para ello necesitamos las leyes que lo permitan”.

Mignone anunció a ANEPI que seguirán con la campaña por sus derechos.  Las próximas acciones comprenden el iniciar una serie de encuentros con los ministros, ministras y asambleístas competentes para que se adhieran y trabajen conjuntamente por el cambio.