Valentina Delich es coordinadora de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Argentina. Su recorrido académico como investigadora en este campo le ha valido el reconocimiento internacional, siendo una voz autorizada para brindar asesorías, conferencias y análisis en temas como derechos de autor o patentes, entre otros.
En esta entrega especial, Anepi se trasladó a Buenos Aires para conocer más sobre la maestría coordinada por Delich, cuáles son sus lineamientos y por qué resulta tan importante para la sociedad latinoamericana que la academia se involucre y vincule a la propiedad intelectual dentro de las políticas públicas tomadas por los gobiernos de la región.
¿Por qué generar una Maestría en Propiedad Intelectual?
En Argentina había un gran vacío en cuanto a programas de formación superior. Había un pequeño programa a nivel de especialización en la universidad pública y algunos cursos dispersos. Nosotros, desde la Flacso, empezamos a hacer investigación aplicada en políticas públicas. Descubrimos que para muchos de los problemas que queríamos abordar hacían falta insumos, no existían producciones a nivel académico que nos pudieran dar respuesta a esos problemas de políticas públicas.
Primero empezamos organizando reuniones, seminarios, cursos y en algún momento necesitamos formalizarlo, estructurarlo, sistematizarlo, de modo que eso fuera un semillero de pensamiento propio sobre propiedad intelectual.
¿Cómo está organizada la maestría y cuál es el perfil de los estudiantes?
Es una maestría que está organizada en dos años y es multidisciplinaria. La currícula está compuesta por materias legales, económicas y sociales. El componente mayoritario es de abogados. Hay estudiantes argentinos y de otras partes de América Latina. El primer ciclo obligatorio está compuesto por siete materias troncales, donde se sientan las bases de discusiones más detalladas que se dan en el segundo año. Esas materias troncales incluyen marcas, patentes y derechos de autor, que son las tres grandes líneas.
Tal vez lo que hace distinta la maestría es que a todas las materias les precede teorías sobre propiedad intelectual, es decir, por qué existe la propiedad intelectual, por qué tengo derecho a tenerla, de donde surgieron, cómo evolucionaron, hasta dónde llegan, por qué llegan hasta ahí para que la propiedad intelectual no sea considerada como algo de abogados expertos, de discusión de artículos puntuales, sino que se pueda empezar a comprender que esas normas tienen impactos económicos, sociales y políticos. Entonces, no son normas abstractas o neutras. Son normas que tienen un efecto distributivo importante.
Los estudiantes también cursan economía de la propiedad intelectual, economía de las firmas y economía de relación industrial. Por ejemplo, qué implicancia económica tiene el que la protección de una obra sea de 50 o 70 años, si la protección de una patente es 20 o 40.
El segundo año de la maestría tiene seminarios más cortos y más específicos, tal vez ahí ya se discuten cuestiones más relacionadas con áreas temáticas, como Internet.
¿En qué punto la propiedad intelectual empieza a ser importante para las políticas públicas levantadas desde los gobiernos?
Los derechos de propiedad intelectual son una manera en la que el Estado regula quién se apropia del conocimiento, por cuánto tiempo y cómo lo explota. Es la manera más directa que tiene el Estado de establecer la propiedad del conocimiento. Desde ese punto de vista, si es que un gobierno se preocupa por cómo se produce el conocimiento, cómo se distribuye el conocimiento, cómo se explota el conocimiento, necesariamente tiene que hablar de propiedad intelectual. Así, la encontramos en políticas de ciencia y tecnología, políticas educativas, políticas culturales; en muchísimos ámbitos de la política pública.
¿La maestría se ha involucrado en la generación de políticas públicas junto a los gobiernos?
La influencia de la academia sobre la política pública es algo difícil de probar, difícil de medir y difícil de saber exactamente cuánto de lo que hicimos impacta específicamente en la política pública. Si tenemos una relación muy fluida con los funcionarios del Estado. Sí discutimos con ellos, mano a mano, un montón de decisiones políticas. Algunas decisiones que toma el gobierno o algunas decisiones legislativas, claramente son afines a muchas de nuestras propuestas, pero yo no podría arrogarme que han nacido aquí.
En América Latina, el nexo entre la academia y las políticas públicas hay que trabajarlo mucho. Los políticos nos acusan a los académicos de andar en cuestiones abstractas y nunca entienden cómo se aplica exactamente lo que estamos diciendo, por otro lado a nosotros nos parece que ellos viven en la coyuntura. De alguna manera esos dos conocimientos tienen que empezar a funcionar más unidos.
En ese sentido, yo tengo el privilegio de investigar en la Flacso, donde se hace investigación aplicada y nos cuesta menos ese tipo de investigación. En esta facultad empezamos nuestras investigaciones en políticas públicas y a veces buceamos en la teoría, de manera, no digo secundaria, sino después de que tenemos el problema de investigación. En las universidades más tradicionales eso no ocurre. Esa también es una ventaja con la propiedad intelectual, esta no es una facultad de derecho, es una facultad de ciencias sociales. La propiedad intelectual nos interesa en términos de implicancias económicas, sociales y culturales para la sociedad.
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