El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), por medio de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, se encuentra estudiando los posibles casos de biopiratería de los que el Ecuador ha sido víctima y cuyos derechos son reclamables.

Fernando Nogales, funcionario de la dirección nacional de obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales, nos explica que algunos posibles casos de biopiratería no pueden reclamarse debido a que “en Ecuador antes de la firma del convenio de diversidad biológica, en 1992 y su ratificación en 1993, se consideraba que la biodiversidad era patrimonio natural de la humanidad, es decir que, cualquier persona o cualquier Estado podía utilizar nuestros recursos genéticos”.

Sin embargo, existen potenciales casos de biopiratería ocurridos después de que el Ecuador firmara el convenio de diversidad biológica y son, por ello, casos reclamables. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la extracción de aproximadamente cuatro mil muestras de plantas que fueron sacadas del país, en 1993, por científicos estadounidenses mediante un acuerdo firmado entre representantes del Jardín Botánico de Nueva York, el Instituto Nacional del Cáncer, también de Nueva York, y la Federación de Comunidades Awá, representante de las comunidades ecuatorianas Awá. El acuerdo, según explica Nogales, autorizaba a los científicos extranjeros a ingresar a las comunidades y realizar investigaciones, para las cuales recogieron varios miles de muestras de plantas y posiblemente también de insectos, anfibios e invertebrados, pero en el Ecuador no se ha tenido, hasta la fecha, conocimiento de los resultados de tales investigaciones.

De los registros existentes se conoce que existe un permiso otorgado por el entonces Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), actual Ministerio de Ambiente, para recoger las muestras. Sin embargo el caso podría incurrir en biopiratería debido a que el acuerdo en el que los científicos extranjeros se basaron para extraer las muestras, fue firmado directamente con la comunidad Awá y no con una institución estatal. Al respecto Nogales apunta que, al estar involucrados recursos genéticos, “en la Constitución se señala que quien regula los recursos genéticos es el Estado, no son los pueblos ni las nacionalidades, entonces, el Instituto Nacional de Cáncer y el Jardín Botánico debieron firmar este acuerdo con el Estado, en este caso con el Ministerio de Ambiente que es la entidad competente, no con la comunidad indígena”.

Casos como el expuesto están siendo investigados por el IEPI, en conjunto con otras instituciones estatales involucradas, con el objetivo de reclamar la propiedad sobre los recursos genéticos a los que el Ecuador podría tener derecho, en caso de que se comprueben como casos de biopiratería.

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