Propiedad intelectual, competencia y normas técnicas

Las normas técnicas son documentos que regulan la calidad de un producto o servicio presente en el mercado. Según el portugués Nuno Carvalho, director de la División de Propiedad Intelectual, Política y Competencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “una norma técnica es un documento que incluye y define con especificidad los procedimientos que la industria o las empresas de servicios deben cumplir con rigor para ofrecer productos y servicios a los consumidores. Tiene, en principio, una preocupación esencial con la calidad, con la seguridad del consumidor y con la innovación”.

Las normas técnicas han existido desde siempre. Estas pueden encontrarse en todo aquello que conocemos: la construcción de un edificio, la calidad del suelo que se utiliza, las luces, la energía eléctrica. Carvalho explica que, como son normas de reglamentación, “de alguna manera reducen la libertad de acción, la rivalidad entre los comerciantes y la industria, afectando la manera como utilizan la propiedad intelectual, sus patentes, sus marcas o sus nombres comerciales”.

Los gobiernos utilizan las normas técnicas debido a la necesidad de regular la economía y también para proteger a los consumidores. Sin embargo, el sector privado también ha desarrollado normativas combinadas entre diversas empresas, para generar un marco eficaz para la producción de bienes o servicios. Es por ello que existen dos tipos, las obligatorias y las privadas.

Una norma técnica obligatoria, por ejemplo, es una reglamentación emitida por un Ministerio de Salud que obliga a las compañías farmacéuticas a seguir determinados procedimientos técnicos en la fabricación de ingredientes activos y debe ser adoptada en defensa de la salud del consumidor.

Por otro lado, una norma técnica voluntaria es una medida tomada por dos o más fabricantes de un producto similar, para la creación de componentes en conjunto, así como el registro y licenciamiento de sus descubrimientos y la utilización de estas creaciones. Un ejemplo de ello podría ser la generación de un acuerdo entre dos fabricantes de smartphones para facilitar la creación de las aplicaciones que se van a utilizar en sus celulares.

Sin embargo, las normas técnicas, sobre todo las voluntarias, pueden presentar algunos riesgos. En ocasiones pueden impedir la libre competencia e incluso generar monopolios y oligopolios. Por ello el Ecuador, a través de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), genera algunas observaciones que facilitan la libre competencia.

Javier Freire, intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la SCPM, explica que esta entidad “tiene la posibilidad y la potestad normativa de emitir recomendaciones de carácter sectorial que lo que hacen es observar si existen normas técnicas o normas generales que están afectando al mercado. Si la norma está generando una barrera de entrada a alguna de las empresas, la Superintendencia puede recomendar la reforma o derogación de esa norma técnica, independientemente de los ministerios competentes”.

La labor de la SCPM, según manifiesta Freire, es la de fomentar la “dinamización de la economía”. En el campo de la propiedad intelectual esto se traduce en indagar posibles casos de competencia desleal. El intendente menciona que el Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Regulación de Poder y Control del Mercado, que promueve la vigilancia de posibles distorsiones a la Ley. El objetivo primordial es generar “eficiencias en los mercados y que los operadores económicos puedan participar en igualdad de condiciones”.


 

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